BRUSELAS, – (EUROPA PRESS) El informe preliminar elaborado por el Parlamento Europeo sobre las alegaciones de abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana pide al Gobierno regional que constituya una comisión para indemnizar a las víctimas de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), y reclama que la norma que la sustituya respete los derechos de los propietarios y los principios medioambientales y de desarrollo sostenible que promueve la Unión Europea.
El texto, al que tuvo acceso Europa Press, ha sido elaborado por la eurodiputada liberal francesa Janelly Fortou, y recoge las conclusiones de la misión de parlamentarios (integrada además por el laborista británico Michael Cashman y la popular griega María Panayotopoulos) que viajó a la Comunidad Valenciana y a Madrid el pasado mes de junio para investigar las 15.000 quejas presentadas ante la Eurocámara por propietarios perjudicados por la ley.
El primer debate sobre el informe tendrá lugar en la comisión de Peticiones de la Eurocámara el próximo 11 de octubre, según informaron fuentes parlamentarias. El objetivo final es someterlo a votación en el pleno de la Eurocámara y transmitirlo tanto a la Comisión como a los Veinticinco.
La ponente concluye que los propietarios han resultado "dañados" por los procesos de urbanización promovidos al amparo de la LRAU, sobre todo por los "métodos leoninos de expropiación, con valoraciones extremadamente bajas para una reventa posterior a un precio de mercado elevado, y bajo condiciones de información que no permiten a los interesados reaccionar, lo que crea un perjuicio material y moral en muchos casos".
Asimismo, considera que existen "sospechas" sobre el sistema de contratación pública previsto en la LRAU, que no sería conforme a la legilación comunitaria, e "incluso se mencionan sospechas de corrupción". "Numerosos planes de urbanización parecen tener un impacto desastroso sobre el medio ambiente y la ecología de numerosas zonas costeras y, más en particular, sobre las condiciones futuras de suministro de agua, una cuestión que preocupa a la UE", destaca el informe.
Por todo ello, la ponente se felicita por la decisión de la Generalitat valenciana de elaborar una nueva ley que sustituya a la LRAU "para evitar las derivas reconocidas en la aplicación de esta última". El informe reconoce que la Eurocámara no es "competente" ni "responsable" para presentar enmiendas al anteproyecto de esta nueva ley –denominada Ley Urbanística Valenciana (LUV)–.
No obstante, pide que las futuras reglas de expropiación "respeten tanto en el fondo como en las formas los derechos de los propietarios" y que los proyectos de urbanización "integren las preocupaciones de desarrollo sostenible y ecología que son objeto de las políticas más importantes de la Unión".
Asimismo, el informe reclama que se constituya "bajo la responsabilidad del Gobierno regional" una comisión "ad hoc" para indeminzar a los ciudadanos "que han sufrido de forma evidente la aplicación abusiva de la ley precedente", y exige que se mantenga informado al Parlamento de la evolución de este proceso de examen e indemnización mediante comunicaciones periódicas enviadas a la Comisión de peticiones.
